Por Marco Arana

En relación con los conflictos sociales vinculados a la extracción de losrecursos naturales, diferentes voces públicas han hecho hincapié en lanecesidad de que el gobierno garantice el orden social para favorecer lasinversiones sin llamar la atención sobre la necesidad de asegurar la plenavigencia de los DDHH, que están siendo vulnerados en las poblaciones donderealizan sus actividades las industrias extractivas.

Un clima de paz social esfundamental para la convivencia en democracia y para el éxito de una buenagestión económica nacional. Sin embargo, de la necesidad de garantizar el ordeny la paz social no se sigue que el gobierno deba utilizar arbitrariamente lafuerza pública para proteger los intereses de pequeños grupos económicos a lapar que desprotege la seguridad de ciudadanos que defienden los DDHH yambientales en nuestro país. La paz social que queremos debe ser fruto de laconstrucción de condiciones para que la justicia social exista, de otro modo seacrecentarán aún más los conflictos. Decía Paulo Freire que: "La paz secrea y se construye con la superación de las realidades socialesperversas".

No deja de ser una realidad perversa el reclamo de lossectores más conservadores de un mayor endurecimiento de las leyes paracriminalizar las protestas de organizaciones ciudadanas que se movilizan paradefender su derecho a vivir en un mundo saludable, a la vez que mantienen unsilencio cómplice frente a las conductas de industrias responsables delenvenenamiento de los niños con plomo en La Oroya y el Callao o con mercurio enChoropampa o de la contaminación del agua y del arrebatamiento de las tierrasde las comunidades nativas en la selva y campesinas en la sierra.

Hay centenares de campesinos y líderes de los frentes dedefensa ambiental que son investigados y muchos van a ser sentenciados porhaber participado en protestas contra mineras o petroleras en la selva. Otrosdirigentes campesinos han sido asesinados porque eran opuestos y protestabanpor los abusos para implementar diversos proyectos mineros (Godofredo GarcíaBaca en Tambogrande, Reemberto Herrera Racho y Melanio García en Majaz; JuanMontenegro Lingán, Isidro Llanos Chevarría y Esmundo Becerra en Cajamarca).También hay policías y miembros de empresas que han sido golpeados o heridos ymás de un campamento minero ha sido atacado por poblaciones y es en relacióncon estos hechos que se están haciendo investigaciones y produciendosentencias. Pero, cabe preguntarse: ¿quiénes han sido sentenciados por expoliarlas tierras a los campesinos y los nativos o por contaminar poblacionesenteras?

Si el orden es necesario para vivir en democracia, ¿nodebiera el Estado poner orden en un mercado omnipotente que permite que lainequidad en la redistribución de la riqueza esté alimentando frustraciones yrechazo a actividades que resultan económicamente expoliativas y ambientalmentenocivas para la salud? 

 

Fuente: La República 

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