Tribunal de Londres congela activos por 5 Millones de Libras a Minera Monterrico Metals

Por: Marco Arana Zegarra

Buena noticia para los defensores ambientales de Piura.

En el principal diario del Reino Unido, The Guardian, el día 18.10.2009 se publicó la noticia que una Corte Judicial londinense ha ordenado el congelamiento de cinco millones de libras esterlinas de los activos de la empresa minera Monterrico Metals que ha sido denunciada por su presunta responsabilidad en las torturas de 28 personas y la muerte del rondero campesino Melanio García cuando participaban de las protestas en julio de 2005 por la presencia ilegal de la minera en los terrenos de las comunidades campesinas.

Voceros de la empresa minera han manifestado que su representada no tuvo responsabilidad en el operativo combinado de los efectivos de la policía nacional y los de la empresa de seguridad Forza, que aparecen en las fotos que muestran los actos de tortura e imágenes de Melanio García que aparece vivo y treinta horas después se le ve muerto arrojado entre la maleza.

Aunque esta acción judicial aun no es una sentencia, sin embargo es importante ya que la Corte británica habría hallado indicios razonables para iniciar una investigación judicial sobre las responsabilidades de Minera Monterrico Metals. Como se sabe, en Perú, las fuerzas policiales pueden ser contratadas para actuar al servicio de la seguridad privada de las empresas, como ha sido denunciado públicamente y en diversas ocasiones por defensores ambientales, como por ejemplo en el caso del conflicto de Minera Yanacocha en Combayo (2006), en que efectivos policiales pagados por la minera causaron la muerte del campesino Isidro Llanos Chevarría.

De prosperar una sentencia firme contra Monterrico Metals, seria un importante precedente jurídico internacional a favor de los derechos humanos de las comunidades que están siendo violentadas por las fuerzas policiales y las empresas privadas de seguridad que violan derechos amparándose en una cuestionable ley nacional que permite que la policía nacional, con dinero de todos los peruanos, termine utilizando armas, uniformes y equipos para proteger derechos privados. El pago que las mineras hacen a miembros de la policía, hace que estos terminen sujetándose al mandato de su contratante de servicios, provocando que las comunidades vean a esta institución contraria al interés público, lo que es fuente de la perdida de credibilidad ciudadana en esta importante institución del estado. Privatizar, de facto, la policía para que actúe en uno de los mayores focos de conflictividad social del país solo esta conduciendo a violaciones derechos humanos como ha ocurrido en Majaz (2005) y Combayo (2006).
Las empresas mineras no pueden eludir entonces su responsabilidad legal. Es de esperar que una sentencia favorable a las victimas de torturas en Majaz, siente un importante precedente para que las empresas mineras aprendan a ser socialmente responsables. Lastima que para ello, los campesinos tengan que acudir a tribunales extranjeros, ya que en Perú, la justicia les ha sido negada. No es casualidad que el Poder Judicial y el Congreso de la República del Perú se hallen entre las instituciones mas desprestigiadas del país, a pesar que entre sus miembros no falte quienes sean funcionarios realmente probos.

Lima, 19 de octubre 2009 

Fuente: Tierra y Libertad

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