Parece que nuestras autoridades no han sacado las lecciones de hechos tan dramáticos como los ocurridos en Bagua. A la marcha sin rumbo de las mesas de diálogo ahora se ha hecho pública la intención de disolver la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP). Esta “brillante” propuesta proviene, nada menos, que del Ministerio de Justicia. 

Ese es el estilo que se implementa desde el Estado y que está a la base de los conflictos que con regularidad se convierten en explosiones de envergadura, como ocurrió en Bagua el pasado mes de junio. Con estas torpes acciones no hay que ser adivino para pronosticar un mayor incremento de la conflictividad en el país. 

Ni las muertes de policías y nativos, que todos lamentamos y repudiamos, han hecho que se saquen las lecciones y se apliquen medidas correctivas. La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en un reciente comunicado ha señalado que la disolución de AIDESEP, “constituye una gravísima violación de la libertad de asociación reconocida en el artículo 16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, de fuerza vinculante para el Perú, que establece esta libertad fundamental en los siguientes términos: Todas las personas tienen derecho a asociarse libremente con fines ideológicos, religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquiera otra índole. La CNDDHH exhorta a las autoridades del Gobierno, con especial énfasis al Ministerio de Justicia, a desistir de esta medida abusiva, que agudiza temerariamente el conflicto social amazónico, e invoca al Ministerio Público a declararla sin fundamento en resguardo de los derechos fundamentales de los ciudadanos”. 

¿Recobrarán la cordura nuestras autoridades? Esperemos que si. Y si no lo hacen el camino será, como lo señala la CNDDHH, “impugnar y denunciar este atentado contra los derechos fundamentales ante la jurisdicción internacional”. 

Hasta la próxima semana.

José de Echave es Doctor en Economía por la Universidad de Paris, Sorbonne Nouvelle. Ha sido consultor de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para la elaboración del estudio Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo en el Sector Minero en el Perú y coresponsable de la investigación sobre Minería y Comunidades: Manejo de Recursos Naturales y Pobreza para la Universidad de Massachussets y el Political Economy Research Institute (EEUU). Igualmente, es miembro del grupo promotor de la Red Mundial sobre Minería.

Fuente: CNR 

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